El principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones de carácter administrativo

El artículo parte de la sentencia T-224 de 2004 de la Corte Constitucional, que revocó una multa y una orden de demolición por infracción urbanística impuestas a una mujer de un resguardo indígena. La autora plantea si un servidor público, sujeto al principio de legalidad, puede inaplicar una ley que le obliga a sancionar cuando considera desproporcionada la consecuencia jurídica. Argumenta que ampliar la discrecionalidad administrativa usurpa el rol del legislador y favorece la arbitrariedad, por lo que decisiones de ese tipo corresponderían al juez constitucional mediante la excepción de inconstitucionalidad.