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El artículo sostiene que el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil no se ajusta al principio de publicidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El autor observa que la norma exige a las empresas de transporte aéreo presentar documentación que la DGAC ya posee o puede obtener de otras entidades estatales, como partidas registrales de poderes, contratos de arrendamiento y certificados de matrícula. Concluye que esa duplicidad genera horas de trabajo y sobrecostos innecesarios, además de ineficiencia en los procedimientos.
