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La autora sostiene que 2025 no fue un año de avance sino de “gran retroceso” en materia de igualdad de género, provocado por la confluencia de reversiones políticas e ideológicas, el abandono empresarial de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión y el efecto multiplicador de las crisis globales. A partir de ese diagnóstico extrae cuatro lecciones para las direcciones jurídicas: que una política no equivale a una cultura, que los contrapesos institucionales y el derecho internacional resultan indispensables, que la función legal debe pasar de guardián a impulsora del cambio y que la igualdad debe incorporarse a las estructuras económicas y de gestión de riesgos. Propone tratar la desigualdad como riesgo material bajo la “S” del ESG y exigir compromisos de diversidad a firmas externas y proveedores.
