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El texto compara la jurisdicción ordinaria con el arbitraje como vías para resolver conflictos. El autor repasa las ventajas de la justicia estatal —acceso universal, gratuidad, publicidad y capacidad de coerción— frente a las del arbitraje —especialización, flexibilidad procedimental, confidencialidad, agilidad y ejecutabilidad del laudo—, y advierte sobre sus costos, la ausencia de una segunda instancia amplia y la necesidad de acuerdo previo entre las partes. Incluye un cuadro comparativo y señala que el arbitraje resulta especialmente idóneo en inversión extranjera directa y en disputas de derecho privado donde la rapidez y la reserva son prioritarias. Concluye que ambos mecanismos son complementarios y que la elección depende de la naturaleza del conflicto y de la voluntad de las partes.
