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El artículo discute si es viable reformar la legislación laboral venezolana pese a la Disposición Transitoria Cuarta, numeral 3, de la Constitución de 1999, que los autores describen como una camisa de fuerza impuesta al legislador. Sostienen que el constituyente incurrió en una usurpación de las funciones del parlamento al indicarle qué y cómo legislar, y que el cambio del contexto político abre hoy un margen que antes no existía. Argumentan que, a partir del texto de la propia disposición y del artículo 92 constitucional, es posible diseñar un sistema que recompense la antigüedad, ampare la cesantía y tome en cuenta el último salario calculado de forma proporcional al tiempo de servicio, sin incurrir en la retroactividad de las prestaciones sociales. Concluyen que reformar la LOTTT hacia un esquema más moderno resulta factible dentro de los límites constitucionales vigentes.
