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Los autores explican cómo el proyecto de ley antilavado tailandés incorporaría el uso de testaferros para eludir la ley de negocios extranjeros como delito precedente de lavado de activos. Describen la fiscalización ya intensificada desde 2026 por el Departamento de Desarrollo Empresarial, el DSI y la AMLO, las consecuencias de incautación y comiso de ingresos y bienes, y recomiendan a los inversionistas extranjeros revisar y reestructurar sus participaciones.
