El autor sostiene que en la zona OHADA cumplir el derecho mercantil armonizado no basta para asegurar el éxito de un proyecto industrial o minero, porque los mayores problemas surgen en la relación con las comunidades vecinas. Explica que esas relaciones se rigen por los códigos mineros, las leyes de tierras y las normas ambientales nacionales, e identifica como causas de conflicto la tensión entre la propiedad estatal del subsuelo y los derechos consuetudinarios, la gestión de indemnizaciones y reasentamientos y las expectativas de empleo local. Concluye que la sostenibilidad del proyecto exige una consulta temprana e inclusiva, acuerdos de desarrollo comunitario, mecanismos de reclamos, contenido local y la restauración de los medios de vida de la población afectada.