El autor sostiene que toda organización con exposición pública necesita una licencia social para operar y que las autoridades públicas, como puertos y aeropuertos, están además obligadas por ley a consultar a la comunidad. Describe el marco legal que rige a la Toronto Port Authority, incluidas la Canada Marine Act, el deber de consulta a los pueblos indígenas y la Impact Assessment Act, y su política voluntaria de participación, con el Community Liaison Committee y el proyecto de zonas de seguridad de pista del aeropuerto Billy Bishop. Concluye que la participación comunitaria, pese a sus riesgos, genera confianza y mejora el alcance, el costo y los plazos de los grandes proyectos.