El texto examina las dos iniciativas sobre un Estatuto Constitucional de Energía aprobadas en general por la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constituyente. El autor describe los deberes que se imponen al Estado -matriz descentralizada y renovable, regulación de mercados, eficiencia energética y fomento de cooperativas locales- y advierte sobre la duplicidad con las normas ambientales tratadas por separado. Sostiene que la propuesta rigidiza la regulación de una industria esencialmente dinámica y atenta contra sus propios objetivos.
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