El autor sostiene que los abogados de empresa tienen un papel en la construcción de lugares de trabajo seguros no solo en lo ocupacional sino también en lo cultural, como forma de prevenir la discriminación y la vulneración de derechos fundamentales. Explica que una cultura de inclusión exige acciones concretas, como políticas, programas, grupos de afinidad y mentorías, junto con la vigilancia de su cumplimiento, y vincula estas políticas con el deber de dirección y supervisión del empleador. Concluye que las políticas de diversidad, equidad e inclusión no resuelven todos los problemas, pero su ausencia o mala implementación puede dañar la reputación de la organización y suponer una infracción de sus deberes laborales.