El autor constata que desarrollar proyectos de infraestructura, energía o tecnología es cada vez más complejo por la evolución de la regulación y por una ciudadanía más empoderada e informada, tendencia que se acentuó tras la crisis de 2019 en Chile. Explica que los abogados no deben limitarse a defender a la empresa frente a demandas y reclamaciones, sino participar en etapas tempranas del desarrollo de los proyectos para prevenir conflictos. Concluye que la presencia en terreno y un diálogo directo y franco pueden reducir brechas de información, alinear intereses y contribuir a una relación sostenible con las comunidades.