La autora analiza el vuelco que la Ley N°21.398 provocó en el sistema chileno de protección de los consumidores, que fortalece y amplía sus derechos pero presenta dificultades de aplicación. Revisa cambios como el efecto expansivo de los derechos del consumidor, el principio pro consumidor como criterio de interpretación y las modificaciones al derecho a retracto en la compra electrónica. Concluye que los proveedores deben ir más allá de los estándares mínimos y que los planes de cumplimiento son una herramienta eficaz, no solo como atenuante, sino como propuesta de valor.