Los autores explican que hasta hace poco Chile era un caso atípico, con una única red de adquirencia de tarjetas a la que los emisores habían delegado esa función de manera exclusiva, y con una normativa que solo permitía a los bancos emitir tarjetas de prepago. Repasan la apertura del mercado, las Instrucciones de Carácter General N.º 5/2022 del TDLC sobre medios de pago con tarjetas y el intento del actor incumbente de migrar a un modelo de cuatro partes con un nuevo sistema tarifario, que la Corte Suprema rechazó. Concluyen que el panorama tarifario sigue incierto, sin una vía clara de las autoridades y con recursos y procedimientos pendientes.