La autora parte de la definición de política pública de Eugenio Lahera para sostener que las nuevas regulaciones propuestas para el mercado del gas licuado en Chile deben considerar el rol sustantivo de la sociedad civil y del sector privado. Critica el estudio de mercado que concluyó que la distribución de gas licuado envasado tiene poca intensidad competitiva y recomendó su desintegración, por no considerar la distribución de última milla ni sus costos. Concluye que una buena política pública requiere un proceso abierto y técnico que mida sus impactos reales y evite un costo social relevante.