El verdadero costo de una investigación penal económica

El autor sostiene que en materia de delitos económicos el proceso penal se ha transformado por sí solo en una sanción, con efectos que operan mucho antes de cualquier sentencia. Distingue tres costos: el reputacional, que erosiona la imagen de empresas con décadas de trayectoria y puede significar pérdida de contratos, congelamiento de líneas de financiamiento o exclusión de procesos competitivos; el financiero, derivado de defensas prolongadas, auditorías internas, peritajes y procesos paralelos ante reguladores; y el personal, que afecta la empleabilidad futura y el entorno familiar de ejecutivos y directores incluso cuando la causa termina sin condena. Señala que la Ley de Delitos Económicos ha intensificado este escenario y concluye que la gestión temprana del riesgo penal y la preparación para escenarios de crisis son hoy decisiones estratégicas.