La autora describe cómo Chile construyó en pocos años una arquitectura normativa en delitos económicos, datos personales, ciberseguridad, responsabilidad extendida del productor, publicidad de alcohol, acoso laboral y jornada, y reconoce que es en lo sustantivo un éxito legislativo. Advierte que, en conjunto y en tan poco tiempo, plantea un desafío de gestión, y propone mecanismos concretos como periodos de gracia fiscalizadora, guías interpretativas conjuntas y criterios de proporcionalidad según el tamaño de cada empresa. Concluye que el desafío de la función legal es priorizar con criterio dentro de la empresa y actuar hacia afuera como interlocutor técnico y constructivo de la regulación.