El autor, a partir de una década de experiencia en el doble papel de General Counsel y director, defiende que el abogado interno puede integrar el directorio de la empresa en la que trabaja. Rebate los argumentos habituales en contra, como el conflicto de intereses, la presión del grupo y la pérdida del privilegio profesional, y señala ventajas como una mayor conciencia comercial y una visión más amplia del contexto global. Concluye que los riesgos son más aparentes que reales y que la mayoría se mitiga con medidas de sentido común, como separar las comunicaciones jurídicas.