El artículo contrasta los requisitos formales para las visas previstos en la Resolución 6045 de 2017 con la práctica del Ministerio de Relaciones Exteriores, que exige de manera constante documentos adicionales. La autora sostiene que esas exigencias se han convertido en una costumbre jurídica aceptada por quienes trabajan en el área y por los solicitantes. Recomienda estar atentos a esas prácticas para manejar las expectativas de los clientes y adecuar los trámites a la realidad migratoria del país.