El artículo analiza el informe de Fase 4 de la OCDE sobre la aplicación de la Convención Anticohecho en Colombia, que registra apenas dos sanciones administrativas y ningún caso contra personas naturales. Sostiene que el problema principal está en la persecución efectiva más que en la regulación. Señala debilidades en la detección, en el aprovechamiento de la cooperación internacional y en la coordinación entre la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades. Concluye que la revisión entre pares y el plan de acción comprometido para diciembre de 2026 podrían modificar estas prácticas.