El artículo recorre la evolución de la responsabilidad estatal por daños ambientales, desde el Acuerdo de París y la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte IDH hasta las solicitudes presentadas en 2022 ante el Tribunal del Mar y en 2023 ante la propia Corte IDH sobre las obligaciones de los Estados frente a la crisis climática. El autor cita demandas contra Alemania, Portugal y el estado de Montana por políticas energéticas contrarias al derecho a un entorno sano. Concluye que estos procesos pueden multiplicar las demandas contra Estados que omitan políticas públicas de mitigación.
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