El texto examina la asignación de costas en los procesos de ejecución de laudos arbitrales en Costa Rica cuando el laudo es posteriormente anulado por la Sala Primera. Los autores contrastan los criterios de tribunales que condenan en costas al ejecutante por haber asumido una “contingencia” con un reciente voto de la Sala Primera (1431-F-2024) que lo exonera por haber tenido un motivo plausible para litigar. Abogan por que los tribunales ordinarios adopten esta posición pro-arbitraje, dado que la petición de nulidad no equivale a un recurso de apelación o casación.