La autora explica que la inteligencia artificial acelera tanto la creación de activos de propiedad intelectual como su copia, y que el equipo jurídico debe registrar de forma defendible el origen, la autoría, las licencias y las prioridades de defensa de cada activo. Distingue tres preguntas (si el activo infringe derechos de terceros, si los contratos permiten su uso y si la empresa tiene derechos ejecutables), describe una respuesta en dos frentes contra los sitios web infractores en el iGaming y repasa la aplicación desigual de las obligaciones de IA, como el artículo 50 de la Ley de IA y la consulta de Malta sobre una carta de IA para el juego. Concluye que la IA no altera los fundamentos de la gestión de carteras de PI, pero eleva el valor de la evidencia, la rapidez y la priorización, por lo que la estrategia de PI y el gobierno de la IA deben integrarse.