El artículo aborda el incumplimiento por parte de la Contraloría General del Estado del plazo de 180 días entre la predeterminación y la determinación de responsabilidades civiles culposas fijado en el artículo 56 de su ley orgánica. El autor comenta la Resolución No. 12-2021 de la Corte Nacional de Justicia, que declaró ese plazo como fatal y obliga a declarar la caducidad de la potestad determinadora, de oficio o a petición de parte. Lo valora como un aporte a la seguridad jurídica y al debido proceso con efecto erga omnes.