El texto critica el Decreto Ejecutivo 1190 de 2020, que contiene el Reglamento para Asociaciones Público Privadas y estableció un procedimiento engorroso para los contratos de gestión delegada, dependiente de una guía técnica nunca emitida. La autora señala que la norma retrasó proyectos importantes, especialmente del sector eléctrico, y que los decretos 238 y 260 de 2021 no la derogaron ni la mejoraron sustancialmente. Espera que la nueva Secretaría Técnica de Alianzas Público Privadas impulse una normativa con menos trabas para los inversionistas.