El autor parte de la pregunta presupuestaria habitual sobre si aumentar o reducir el gasto del área legal y sostiene que lo relevante es qué valor crea ese departamento con los recursos que recibe. Explica que un presupuesto mayor no garantiza una mejor función jurídica, que recortarlo puede costar más por demoras, incumplimientos y disputas, y que la clave está en asignar bien los recursos entre abogados internos, externos y tecnología, midiendo el desempeño con indicadores concretos. Concluye que no hay una respuesta única y que la pregunta útil es cómo lograr que cada unidad gastada en la función legal genere el mayor valor posible para el negocio.