La autora comenta la decisión 2025-1164 QPC del Consejo Constitucional francés, que declaró inconstitucional el artículo L. 621-15 del Código monetario y financiero por no prever que las personas sometidas a la Comisión de Sanciones de la AMF sean informadas de su derecho a guardar silencio. Explica que el tribunal, apoyándose en el artículo 9 de la Declaración de 1789, extendió esta garantía contra la autoincriminación a los procedimientos administrativos sancionadores. Señala que la decisión se inscribe en una tendencia de refuerzo de garantías y puede afectar a otros reguladores con potestad sancionadora.