La autora sostiene que, dentro de los criterios ESG, la gobernanza es el sistema operativo sobre el que descansa toda estrategia sostenible, porque los compromisos ambientales y sociales solo se hacen efectivos con responsabilidades del directorio, controles internos, datos fiables y aseguramiento externo. Explica las exigencias específicas del sector industrial y los cambios de 2026 en Europa, con la Directiva Omnibus I que eleva los umbrales de la CSRD y la CSDDD, los ESRS simplificados y el nuevo Reglamento sobre calificaciones ESG. Concluye que el ESG se ha convertido en un riesgo jurídico estrictamente regulado y que el abogado interno debe actuar como guardián estratégico frente al greenwashing, en la cadena de suministro y ante la responsabilidad de los administradores.