Los autores señalan que Centroamérica ofrece oportunidades de inversión, pero enfrenta una inestabilidad política que afecta directamente la seguridad jurídica. Explican que el abogado corporativo debe integrar una lectura estratégica del contexto político, revisar con cuidado los contratos con el Estado, mapear a los actores relevantes y establecer un relacionamiento ético y transparente con las instituciones. Concluyen que el abogado se convierte en un puente entre el mundo jurídico y la realidad política, capaz de proteger las inversiones y construir relaciones duraderas con el Estado.