El artículo examina el riesgo de que un contrato EPC configure un establecimiento permanente en Honduras y active la tributación de la empresa extranjera por las rentas atribuibles. La autora recurre a la definición de la Ley de Precios de Transferencia y explica que el despliegue de personal técnico, la importación de maquinaria, las oficinas temporales en obra y la coordinación con subcontratistas locales pueden bastar para que el SAR sostenga la existencia de un lugar fijo de negocios. Advierte que la fragmentación del contrato entre subsidiarias no elimina el riesgo y repasa los aspectos de precios de transferencia relevantes, como la valoración de servicios intragrupo y la retribución del establecimiento permanente.
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