La autora explica que el sistema jurídico iraní, de base religiosa, no contemplaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas hasta la reforma del Código Penal de 2014, cuyo artículo 143 la admite cuando un representante legal comete un delito en nombre o en beneficio de la empresa. Analiza las penas previstas según la gravedad del delito, la facilidad con que se presentan denuncias penales y el efecto paralizante de citar a los directores generales por cualquier acusación, así como una directiva judicial de 2019 que luego quedó en el olvido. Concluye que estas normas aún son recientes y que habrá que ver cómo las interpreta la jurisprudencia y si seguirá prefiriendo responsabilizar a las personas naturales.