El autor explica cómo el Decreto Legislativo 231/2001 italiano superó el principio de que las personas jurídicas no pueden delinquir al introducir una responsabilidad llamada administrativa pero de naturaleza penal. Detalla las condiciones para que la empresa quede exenta: modelos de organización y gestión adoptados y eficaces antes del delito, un órgano de vigilancia autónomo y la elusión fraudulenta de esos modelos. Concluye que el modelo debe ajustarse al diseño real de la organización y evolucionar con ella, y propone ponerse en el lugar del juez como prueba de resistencia del sistema de cumplimiento.