El autor explica que las operaciones jurídicas han dejado de ser una función administrativa y que la inteligencia artificial acelera su transformación, pero que su adopción sin controles puede generar riesgos mayores que el tiempo ahorrado. Analiza el uso no autorizado de servicios públicos de IA (Shadow AI), la revisión de proveedores, la exactitud de los resultados y la necesidad de integrar desde el diseño las operaciones jurídicas, la protección de datos y el gobierno de la IA, con el RGPD y la Ley europea de IA, y propone una hoja de ruta con controles proporcionados, políticas claras y formación continua. Concluye que el cumplimiento, abordado desde el inicio, permite a los equipos jurídicos adoptar herramientas útiles sin perder el control de la información confidencial ni la calidad de su asesoramiento.