El texto analiza la reforma de la Ley de Instrumentos Financieros y Bolsa aprobada el 15 de julio de 2026, que traslada la regulación de los criptoactivos desde la Ley de Servicios de Pago y los configura como una categoría de instrumento financiero distinta de los valores. Los autores explican que los operadores quedarán sujetos a un régimen equivalente al de los intermediarios de Tipo I, con exigencias de gestión interna, custodia y segregación de activos de clientes, reserva de responsabilidad frente a salidas no autorizadas y ratio de capital. Describen además el nuevo concepto de “criptoactivo específico”, con su régimen de divulgación y su régimen sancionador, la extensión de las normas de abuso de mercado incluida la información privilegiada, y el registro exigido a las actividades de préstamo, gestión y asesoramiento. Advierten que buena parte del detalle queda remitido a normas de desarrollo y que la entrada en vigor se espera en 2027.
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