El autor advierte que la IA ha entrado en los departamentos jurídicos por la práctica y no por una política, con el riesgo de exponer información confidencial, privilegiada o estratégica. Propone cinco preguntas para gobernar su uso (qué información nunca se sube, quién aprobó la herramienta, para qué usos se permite, quién revisa el resultado y cómo se protege el privilegio) y diez reglas breves, junto con formación práctica para los equipos. Concluye que la IA puede asumir buena parte del trabajo de producción, pero no el juicio ni la responsabilidad, y que la pausa antes de escribir un prompt es la herramienta de gobernanza más importante.