El autor analiza cómo Mauricio ha abordado la responsabilidad penal de las personas jurídicas, desde una norma de 1974 que castigaba a los administradores en lugar de a la empresa hasta el principio de identificación tomado del derecho inglés. Muestra con jurisprudencia mauriciana que ese principio ha resultado un instrumento tosco, que deja impunes a empresas beneficiadas por el delito y castiga más a las pequeñas, y lo compara con los modelos del Reino Unido, Canadá, Francia y Estados Unidos. Concluye que la sección 53 de la Ley de la Comisión de Delitos Financieros de 2023, que define la mente directiva y admite la defensa de procedimientos adecuados, es un avance aún no probado ante los tribunales, y recomienda ampliar la definición y adaptar las sanciones al tamaño de las empresas.