El texto examina el concepto de seguridad nacional como causa legítima de limitación de derechos humanos y el test de proporcionalidad que exigen la Corte Interamericana y la Suprema Corte para validarla. El autor contrasta ese estándar con el acuerdo publicado el 22 de noviembre de 2021 que declaró de seguridad nacional las obras y proyectos del Gobierno Federal y ordenó otorgar autorizaciones provisionales en cinco días hábiles. Concluye que el acuerdo viola disposiciones constitucionales y no supera los estándares internacionales para una limitación válida.