El artículo analiza el acuerdo presidencial del 22 de noviembre de 2021 que declaró de interés público y seguridad nacional las obras del Gobierno Federal y ordenó otorgar autorizaciones provisionales. La autora expone los argumentos de la controversia constitucional promovida por el INAI, que alega una reserva anticipada y generalizada de la información contraria al principio de máxima publicidad y a la prueba de daño. Informa que la Suprema Corte admitió la controversia 217/2021 y concedió provisionalmente la suspensión.