El texto analiza los hechos de abril de 2022 en el sector eléctrico mexicano: la resolución de la Suprema Corte sobre la acción de inconstitucionalidad y las controversias contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y el rechazo de la reforma constitucional en el Congreso. Los autores identifican sus implicaciones para el derecho administrativo, como el debate sobre el acceso a la energía eléctrica como derecho fundamental, las perspectivas favorables para los amparos y la limitación de la legitimación de la COFECE. Anticipan que no habrá nuevas reformas constitucionales en el sexenio.