El artículo analiza el arbitraje de inversión como medio de defensa de los inversionistas extranjeros frente a la política energética del gobierno mexicano, tras la desestimación por la Suprema Corte de la acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. El autor repasa los actos regulatorios que han perjudicado a los generadores privados y la insuficiente protección obtenida vía amparo, y menciona el caso de Monterra Energy. Enumera los principios que podrían invocarse en un reclamo, como el trato nacional, la expropiación indirecta y la protección y seguridad plenas.