El artículo comenta el decreto publicado el 16 de julio de 2025 que reformó la LFPIORPI, en particular su artículo 17, y su efecto sobre los servicios de fe pública. Los autores describen cómo la práctica notarial ha condicionado la protocolización de modificaciones al capital social, fusiones y escisiones al cumplimiento de las obligaciones de identificación del beneficiario controlador. Advierten que la falta de criterios uniformes para clientes extranjeros eleva costos, complejidad operativa y riesgos para la certeza de cierre en operaciones de M&A.
You need an account to read the full article.
Sign up to read
