El autor analiza la Ley 31-08 de protección del consumidor de Marruecos, promulgada en 2011, como un intento de alinear el país con los estándares internacionales y reforzar la confianza en el mercado. Destaca sus aciertos, como la transparencia en las prácticas comerciales, la ampliación de los plazos de garantía y el control de la seguridad de los productos, y sus falencias en la aplicación y en el conocimiento ciudadano de sus derechos. Concluye que el marco sigue en construcción y que sin reformas que lo adapten a un mercado cambiante los derechos del consumidor corren el riesgo de quedarse en la teoría.