La autora muestra cómo los reguladores de Ghana y Kenia, en apenas dieciocho meses, pasaron a regular la gobernanza, los datos y la tecnología de las fintech, con reglas sobre directores independientes y oficiales antilavado o con la nueva ley de proveedores de activos virtuales. Describe cómo ese cambio transforma el trabajo diario del abogado interno en contratos tecnológicos, disputas, gobierno corporativo, herramientas y asesoría de producto, donde el área legal participa desde el diseño. Concluye que el rol se amplió a cinco funciones, asesor, socio de negocio, traductor de riesgos, asesor de gobernanza y estratega regulatorio, y que su meta es evitar que el riesgo llegue a materializarse.