El autor defiende que la rápida expansión de la inteligencia artificial exige un marco de gobernanza que equilibre innovación, ética y cumplimiento, y enumera riesgos como el sesgo algorítmico, la privacidad, los derechos de autor, la seguridad y los vacíos de responsabilidad. Compara la Ley de IA de la UE, basada en categorías de riesgo, con el enfoque fragmentado y desregulador de Estados Unidos y el modelo estatal de China, y explica la incorporación de la norma a Noruega a través del EEE y la exclusión de Svalbard en el borrador nacional. Describe el grupo de trabajo AGER creado por Avinor en 2024 y concluye que una gobernanza adaptable, con responsabilidad y transparencia, es la vía para que la IA sea confiable y beneficiosa.