El autor sostiene que la mayor contribución social del abogado interno no está en la asesoría jurídica en sí, sino en la calidad de la institución que ayuda a sostener. Explica que la función legal, presente en todas las decisiones de la organización, mejora el juicio institucional antes de que las decisiones se conviertan en conducta, y que debe entenderse como custodia y no como control ni como autoridad moral del equipo directivo. Concluye que el éxito del abogado interno debe medirse por la solidez, la rendición de cuentas y la confianza pública que deja la institución tras su paso.