El texto examina, a partir del derrame en la Refinería La Pampilla, la obligación de reportar emergencias ambientales al OEFA mediante un Reporte Preliminar y un Reporte Final. La autora sostiene que el plazo de doce horas corre desde el evento y no desde que se conoce, por lo que exigir más información que la disponible sería contrario al principio de razonabilidad. Añade que, recibido el reporte, corresponde al Estado supervisar con la misma celeridad para completar la información y ordenar medidas.