El autor celebra la Ley N° 31980, que otorga un crédito tributario del 30% a quienes inviertan en inmuebles del Patrimonio Cultural de la Nación en el Centro Histórico de Lima, y propone extender el beneficio a otros centros históricos. Critica que la Ley 31770 y la propuesta de reglamento mantengan una regulación rígida sin incentivos para los propietarios privados, el derecho de preferencia del Estado y su negligencia con inmuebles propios, y recuerda el fracaso de la llamada "Ley Bruce" por mala técnica legislativa y comunicación. Concluye que el Estado debe promover la inversión privada en el patrimonio con comunicación adecuada y modelos turísticos inclusivos que dinamicen las economías regionales.