Los autores parten del principio "societas delinquere non potest" y explican cómo el artículo 27 del Código Penal peruano atribuye responsabilidad a quien actúa como órgano de representación de una persona jurídica, y cómo el artículo 105 prevé consecuencias accesorias como la clausura, la disolución o las multas. Repasan la Ley N° 30424 y sus modificaciones, que establecen la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por cohecho, corrupción, lavado de activos, minería ilegal, terrorismo y, desde la Ley N° 31740, otros delitos como la colusión y el tráfico de influencias. Concluyen que las empresas responden administrativamente ante el juez penal por estos delitos sin que ello excluya la responsabilidad penal de la persona natural que los comete.