El autor se pregunta por qué los contratos inteligentes, pese a existir hace décadas, no gestionan aún ciudades, y lo atribuye a tres brechas: la de traducción, la del oráculo y la de adjudicación. Explica cómo la inteligencia artificial, entrenada y supervisada por abogados, puede reducir cada una de ellas, aunque advierte de sus alucinaciones y de la rigidez de la cadena de bloques. Concluye que el abogado se convierte en el arquitecto jurídico que responde de esas estructuras y las somete a pruebas deontológicas, y que la brecha de adjudicación nunca debe cerrarse del todo porque el juicio debe seguir en manos humanas.