La autora parte de una paradoja: los usuarios valoran las autopistas, puentes y túneles, pero rechazan los peajes que permiten construirlos y mantenerlos durante décadas. Explica que en las asociaciones público-privadas el problema de los peajes no suele ser de legalidad sino de legitimidad, y que la gestión de partes interesadas debe basarse en la transparencia, la educación económica sobre el ciclo de vida del activo y el diálogo continuo con las comunidades. Concluye que la relación con las comunidades es un elemento central de gobierno y que la licencia social para operar es lo que permite sostener la infraestructura en el tiempo.