La autora reflexiona, tras quince años en una empresa municipal de gestión de residuos y limpieza urbana, sobre la dimensión social del trabajo del abogado interno, que escucha, traduce y conserva su independencia profesional dentro de la organización. Lo ilustra con la contratación pública con criterios distintos del precio, la continuidad del servicio esencial, la proporcionalidad en los procedimientos disciplinarios y la prevención frente a las infracciones por vertidos ilegales, así como con la necesidad de responder con rapidez sin dejar de cumplir la ley. Concluye que, en una empresa pública, el derecho debe aplicarse considerando a las personas afectadas, los recursos públicos y la comunidad a la que se sirve.